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Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y docente en la Universidad de Buenos Aires, dialogó con Terapia de grupo acerca del rumbo institucional que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri.
Barcesat opinó que “desde el 9 de diciembre de 2015 estamos asistiendo a un derrumbe institucional, no hay otra forma de explicarlo. Por lo tanto creo que hay que llevar adelante los mecanismos de movilización necesarios para llegar al enjuiciamiento político de quien ejerce actualmente la presidencia de la Nación. Tanto lo operado en los Panamá Papers, como la negociación espuria con los Fondos Buitres, y el arrogarse la facultad de modificar por decreto la mayor parte del andamiaje institucional argentino para evitar el control del Congreso, supera en perversidad todo lo que hayamos conocido en épocas de las dictaduras cívico-militares, salvo por supuesto la represión ilegal”.
Ante la pregunta acerca de cómo conciliar las acusaciones contra el gobierno nacional y el hecho de que haya sido elegido democráticamente, Barcesat respondió que “sencillamente demostrando que aquello que se dijo durante la campaña ha sido un fraude. Nada de lo que se dijo es lo que se está llevando adelante. El ajuste, el aumento tarifario, los despidos, la política de vaciamiento de las empresas del Estado, demuestran que todo lo que se dijo carece de una ética política de cumplir con la palabra empeñada. La vía institucional para avanzar está fundamentada por los casos que ya tienen tratamiento en sede judicial. Recordemos que hay fiscales que han pedido indagatoria por el pago a los Fondos Buitres o por los Panamá Papers, y que también han dispuesto la inconstitucionalidad de varios decretos emanados de este gobierno. Es suficiente para calificarlo como mal desempeño e incurrir en delito en ejercicio de la función pública. Solo falta que el Congreso adopte en plenitud las potestades que la Constitución le confiere”.
Por último Barcesat sostuvo que los pedidos de procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner son “sin ninguna duda una proscripción y una persecución absolutamente descalificable tanto en lo jurídico como en la ética. Asistimos a episodios increíbles como el procesamiento a la ex Procuradora del Tesoro (Alicia Abbona, N. del R.) por haber cumplido con sus deberes constitucionales. Esto ya es un asco institucional tan profundo, tan irracional desde lo jurídico, que no se trata solamente de ejercer las defensas que corresponden en sede judicial, sino que hay que decirle basta a este atropello de admitir que los jueces sean los legisladores y el poder ejecutivo en última instancia, que responden al poder de los grupos económicos y comunicacionales. La lucha institucional y de movilización deben ser frontales, sin paños fríos”.
